Repensar la tolerancia

Publicada en Animal Político el 18 de junio de 2013

Hace poco más de cuatro años me tocó ser padrino de bautizo de mi sobrino. Recuerdo que en la ceremonia, el sacerdote se acercó a cada uno de nosotros y nos preguntó: ¿qué valor querrían inculcar en este niño? Yo respondí con una palabra: tolerancia.

He de admitir que el tono en que la dije fue un tanto combativo; era casi un acto de rebeldía pedirle a la Iglesia Católica, tradicionalmente excluyente, que le enseñara a ese niño a aceptar la diversidad.

Lo cierto es que la tolerancia para mí fue por muchos años una bandera. Creía que una sociedad era más avanzada en cuanto más era capaz de tolerar las diferencias. La frase de Voltaire “podría no estar de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a decirlo” bien podría haber sido mi epitafio. Creía que la democracia se construía precisamente sobre esos cimientos: tolerar a quien no piensa como yo, para poder crear un consenso y construir lo público; lo común.

Poco tiempo después, la vida me llevó a cambiar de domicilio y establecerme en la ciudad canadiense de Vancouver. Ahí, las circunstancias me dieron una perspectiva muy distinta.

Vancouver es una ciudad diversa por naturaleza; no sólo habita en ella una de las comunidades LGBT más vibrantes del continente, sino que en esencia, la gran mayoría de los habitantes de la pequeña metrópoli son originarios de otro país. En Vancouver existe el barrio chino, pero dentro de él hay una gama de nacionalidades distintas, provenientes de diferentes regiones de ese país. Lo mismo sucede con los indios que vienen de Punjab, o de Delhi. Existe, en menor proporción, una comunidad alemana; una italiana; una latina. Ser “vancouverite” es ser parte de una aldea global.

Al mismo tiempo, existe en Vancouver un profundo sentido de gratitud. La mayor parte de los habitantes, también, llegó al noroeste pacífico en busca de mejores oportunidades. La ciudad los acogió; a muchos les dio un empleo, una familia; un hogar; les dio paz.

Por eso, en la ciudad de Vancouver existe una simbiosis entre la pluralidad y lo común. Y por eso mismo también, la palabra “tolerancia” es completamente ajena al diccionario urbano.

Tolerancia presupone un conflicto existente; un choque entre dos maneras de pensar o de ser. El concepto es casi una mordaza; una obligación; un deber. Ser tolerante, más que una convicción, es políticamente correcto. Te tolero porque no me queda de otra; te tolero porque soy civilizado; porque soy sofisticado. Te tolero porque demuestro que aunque no estoy de acuerdo contigo, te acepto.

Para los Vancouverites, la construcción de lo común no se basa en tolerar sino en celebrar la riqueza que la sociedad tiene por ser diversa. Los sabores más suculentos que le da la pluralidad no son solamente bienvenidos, sino promovidos. En Vancouver los niños aprenden, desde los primeros años, a ser curiosos sobre las diferencias; a absorber lo que no es como yo para ser una persona más integral. A admirar lo que no me es propio, conocido o tradicional.

Si yo había venido promoviendo, en mi propio país, que toleráramos las diferencias “a pesar de”, para Vancouver se trataba más bien de una fiesta de colores, sabores, etnias y creencias, en la que se conjuga el bien común.

Desde hace relativamente poco, el debate del matrimonio entre personas del mismo sexo hizo un viraje en ese sentido.

Por décadas, los defensores de esa causa lucharon en pro de la tolerancia. No se trataba de que me aceptaras, sino que toleraras como soy; te guste o no, tienes que hacerlo porque es una sociedad de derechos entre iguales. El discurso era combativo y no permitía que sus detractores se sumaran a la causa; era un juego de suma cero en el que solamente una parte podía salir triunfante.

En los últimos años, la retórica cambió, y se acuñó el término “matrimonio igualitario”. Con esta nueva línea discursiva, el matrimonio no es heterosexual u homosexual, sino simplemente matrimonio, y como cualquier acto civil, es un derecho universal del ciudadano. Reformar la ley no se trata, en ese sentido, de añadir a ella una “aberración en contra de la moral”, o de las buenas tradiciones familiares. Es más bien eliminar restricciones y ampliar un concepto para que toda la sociedad pueda gozar de los mismos derechos.

El matrimonio igualitario no debe buscar pues, pasar de la discriminación a la tolerancia, sino transitar hacia la celebración de la diversidad; una que además es latente, evidente y vigente.

Se trata entonces de luchar por un cambio de semiótica que suponga, no la derrota del discurso conservador, tradicional o religioso, sino la integración de éste con otros también existentes y que si bien son opuestos, pueden coexistir en una sociedad plural.

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Del otro lado del agua

Columna publicada en El Horizonte el 1 de junio de 2013

Un niño se enfrenta a una piscina por primera vez; sin saber nadar, se para al borde de ésta y ve el agua con temor. Si no decide dar el salto de inmediato, ese miedo se convierte en un pánico paralizante que transformará al chapoteadero en un océano obscuro y hostil al que nunca querrá ingresar.

El México, el tema de la transición de la televisión analógica a la digital no es nuevo. Hace dos sexenios, en julio de 2004, el entonces presidente Vicente Fox firmó el acuerdo de política de T.V. digital, en el que se pactó el proceso que tenía fecha de conclusión en el 2021.

Como parte de la negociación, y planteada la justificación con un carácter técnico, se hizo en ese entonces la asignación temporal de un canal adicional para la transmisión digital (algo que se conoce como un “canal espejo”), con la promesa de que su respectivo canal analógico se devolvería al Estado mexicano al concluir la transición.

Más tarde, en un decreto de septiembre de 2010, Felipe Calderón adelantó el “apagón” al año 2015 y la fecha de inicio se estableció para éste, el 2013.

Esto daba, tanto a las concesionarias de televisión abierta, como a la Cofetel, un periodo de diecisiete años primero, y de cinco años después, para preparar el cambio que abriría el espectro de nuestro país exponencialmente.

Con la llegada de la señal digital, el ancho de banda que originalmente era utilizado para transmitir una sola señal, podrá ser utilizado por varios canales de telecomunicación; además, mejora la capacidad multimedia, la interacción del usuario y la resolución de la imagen.

Cuando esta semana dio inicio el proceso en la ciudad de Tijuana, sin embargo, numerosas voces se hicieron escuchar en protesta por la falta de previsión y de recursos que dejaron a más de cien colonias sin señal. Muchas familias que no tienen en casa un televisor digital, o un decodificador que permita convertir la señal para ser transmitida en un aparato, quedaron con pantallas apagadas.

Los dedos apuntaron a la Cofetel; su titular Mony De Swaan advirtió que se trataba de un porcentaje mínimo de la población (aproximadamente el 6%) y que esto no justificaba que se pospusiera el proceso. Ya desde el sexenio pasado, y también durante la discusión de la Reforma en Telecomunicaciones, De Swaan había advertido que la falta de recursos en el Presupuesto aprobado por el Legislativo Federal, causaría serios problemas en la implementación de la política.

Sin embargo, el Gobierno de la República decidió exhortar a la Cofetel, a través de su Secretario de Comunicaciones y Transportes, a suspender el proceso hasta ocurridos los comicios electorales de Baja California el próximo 7 de julio.

Han surgido críticas de quienes suponen que existe la presión por parte de las televisoras de postergar la transición; advierten que  como éstas perderán su canal analógico, no les conviene que el proceso ocurra. Sin embargo, quienes así se pronuncian no entienden que la televisión digital aumentará exponencialmente el alcance de mercado de estas concesionarias, además de habilitarlas (cuando menos técnicamente) para ofrecer servicios de triple play.

No se trata de un arreglo de cúpulas sino de una cuestión de opinión pública. Con el exhorto que hizo la SCT, el Gobierno se cubre: por un lado, evita las críticas que se habían alzado por parte de sus rivales políticos y líderes de opinión, de que sin televisión la ciudadanía no podría tomar una decisión “informada” en las elecciones. Al mismo tiempo, deja en claro que la decisión corresponde al organismo autónomo que es la próximamente extinta Cofetel, y se deslinda de la baja en popularidad que el proceso podría causar.

Pero, ¿qué queda del Gobierno como tomador de decisiones de política pública y no como receptor de popularidad?

El Estado Mexicano se encuentra frente aun proceso que forzosamente causará descontento en una parte de la población. Mitigarlo y promover acciones para reducir efectos negativos en los usuarios es menester; pero evitarlo o posponerlo es cegarnos ante una realidad que es inevitable. De nada sirve quedarnos al borde de la piscina, imaginando que hay del otro lado del agua.

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PAN…y circo

publicado en El Horizonte el 25 de mayo de 2013 

El Partido Acción Nacional vive una de las crisis más delicadas de su historia reciente, tejida principalmente a lo largo de dos grandes cuestiones a las que se enfrenta: por un lado, la pérdida de la Presidencia de la República y por lo mismo, la disolución de su carácter como partido en el poder; y por el otro, la búsqueda una nueva identidad de oposición, en un momento en el que entre los blanquiazules no existen figuras de liderazgo claras.

Ser una “oposición leal” ha sido una característica intrínseca de Acción Nacional desde su fundación; apenas diez años después de haber sido constituido el PNR, el PAN surgió como un partido que más que competir con posibilidades reales por escaños o posiciones políticas, fue un elemento fundamental de legitimación del régimen de partido hegemónico que vivió México por décadas. En los cuarentas, el partido obtuvo su primera diputación y su primera presidencia municipal, pero no fue sino hasta 1989, que ganó su primera gubernatura, en la elección de Baja California con Ernesto Ruffo.

Antes, el Partido Acción Nacional se había limitado a ser doctrinario e impulsor de la renovación moral del país; de los principios humanistas y de la democracia cristiana. Y no fue sino hasta los ochentas, con la acogida de la cúpula empresarial del norte de México y el bajío, que se gestó la ideología neoliberal que después impulsarían tan vehementemente en su agenda.

Pero lo que es clave en esto es que para el Partido Acción Nacional, hacer política fue siempre (o casi siempre), colaborar con el partido en el poder; conformar alianzas con quienes administraban y avanzar de manera lenta para posicionar algunos temas en la agenda pública. De ninguna manera se buscaba la confrontación directa y mucho menos la desobediencia civil desordenada; las grandes manifestaciones del partido eran pacíficas como lo fue la Marcha del Silencio de Maquío en su momento.

Es en ese esquema y bajo esa visión ideológica que Gustavo Madero busca liderar al partido en el tiempo que le queda al frente del mismo. Para el Presidente del PAN, dejar los Pinos fue “regresar” a la oposición; retomar la postura históricamente cordial y condescendiente, si no dócil, que permita avanzar en la agenda “por el bien del país”.

Para Madero el Pacto por México es un triunfo del PAN (o por lo menos, ése es el encuadre discursivo que pretende plantear de manera mediática); es una oportunidad que tiene el partido para sacar adelante las reformas que durante sus doce años al frente del Ejecutivo permanecieron inmóviles. Es la manera de lograr la inversión privada en PEMEX; de avanzar en la reforma a la educación; de consolidar los avances en democracia, transparencia y rendición de cuentas; de dar pie a una verdadera revolución en el sistema político nacional que permita destrabar la inercia partidista en el Congreso.

No obstante, Madero se enfrenta a los últimos peones del Calderonismo. Ernesto Cordero; Roberto Gil; Javier Lozano, por mencionar algunos, que han demostrado en la Cámara Alta que no comparten la visión del Presidente de su partido. Ellos no tienen temor alguno en mostrarlo, y contrario a la tradición del partido, que en su hermetismo buscaba siempre ventilar los conflictos internos de manera privada, ahora la guerra se ha declarado de forma pública.

Para este sector del partido, el Pacto por México no deja de ser una herramienta legítima para buscar acuerdos, pero no debe de entenderse de ninguna manera como una alternativa al cabildeo legislativo; al trabajo político en comisiones y a la labor que como oposición deben de hacer para denunciar las faltas y carencias de sus contenidos. Lo anterior fue muy claro, por ejemplo, en la discusión que se llevó a cabo en las reformas que se hicieron a la Ley de Víctimas, poco tiempo antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones.

Desde luego, la lucha más que ideológica es una batalla interna por el poder. Tanto Maderistas como Calderonistas se enfrentan sin escrúpulos y esta semana demostraron que en esta guerra, la reputación del partido a corto plazo es prescindible.

Cuando la reunión de Gustavo Madero para designar a Preciado como nuevo coordinador de la bancada en el Senado fue desairada por 24 senadores el pasado lunes, la señal fue muy clara: una importante sección del partido sabe que volver a ser una oposición leal ya no es redituable políticamente; que si bien el Pacto por México cuenta aún con un gran margen de legitimidad social, esto es cada vez más transitorio y finito; y que si el PAN quiere algún día aspirar a volver a Los Pinos, tiene que hacerse notar con posiciones firmes y contundentes.

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Matrimonio igualitario: palabra y sentido

publicada en El Horizonte el 18 de mayo de 2013

Los hechos son éstos: el pasado 23 de abril, después de un acalorado debate tanto en la Asamblea Nacional como en el Senado; de manifestaciones multitudinarias que recorrieron Campos Elíseos a favor y en contra; y de una clara división de una sociedad tradicionalmente conservadora, Francia se convirtió en el país número catorce en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Exactamente tres semanas después, el Consejo Nacional de Justicia de Brasil aprobó una resolución que obliga a todas las notarías de ese país a celebrar el matrimonio sin distingo de género entre los contrayentes.

El mismo día, en el mismo continente pero el hemisferio opuesto, el estado de Minnesota se convirtió en la doceava entidad federativa de la Unión Americana en ampliar su definición del matrimonio, para incluir a parejas homosexuales.

La primera declaración que hizo el Gobernador Mark Dayton, a manera de júbilo, fue: “¡Qué diferencia puede hacer en nuestro Estado un proceso electoral!” Con esto se refería al viraje que hubo en el legislativo local cuando los demócratas ganaron los comicios de noviembre pasado.

Las palabras de Dayton no sólo son ciertas para el estado que gobierna: hoy, el matrimonio gay ya es un tema político.

Que la campaña por el “matrimonio igualitario”, término con el que se ha bautizado en el argot comunicacional al matrimonio entre personas del mismo sexo, haya comenzado a ocupar un importante lugar en la agenda política mundial, no es coincidencia.

Lo cierto es que, de manera acelerada, no solamente se ha montado a la agenda política mundial, sino que se ha convertido en un importante punto de inflexión electoral en muchos países.

Quizás el primero que lo encuadró políticamente fue Barack Obama, precisamente hace un año. En una entrevista con ABC News, el 10 de mayo del 2012 el Presidente fue tajante: “creo que las parejas del mismo sexo deben de poder casarse.”

Hacer la declaración fue una decisión estratégica, cuidadosamente calculada. Se hizo una semana después de que Gallup publicara su encuesta en la que el mandatario se encontraba en un empate con su contrincante, el senador Romney.

En Noviembre, Barack Obama obtuvo 332 votos electorales y el republicano se mantuvo en 206. En Minessota, la diferencia fue de casi siete puntos porcentuales.

Decía Shakespeare que una rosa, llamada de cualquier otra manera, seguiría teniendo el mismo aroma; en política el caso no es igual: las palabras importan e importan mucho.

El debate se da entre dos discursos cuidadosamente construidos: por un lado están quienes protegen al núcleo familiar; por el otro, quienes defienden la igualdad. Hago énfasis en que este análisis se trata, no de razones o contradicciones que defender, sino de la semiótica moldeada con fines políticos.

Los primeros han transitado paulatinamente, de utilizar argumentos conservadores, tradicionales y religiosos, cada vez más desgastados, a la lógica lingüística y etimológica: ya no es redituable en una sociedad cada vez más laica y rápidamente cambiante, hablar de pecado, de valores morales universales y del estatus quo. Ahora, se busca hacer defensa del concepto “matrimonio” a un nivel institucional, como contenedor de sentido, que por definición no podría (según este punto de vista) ser sino la unión entre un hombre y una mujer.

Para los segundos, también ha habido una importante transición; se ha dado una importante devaluación del debate en términos de tolerancia, y cada vez más, se trata de una cuestión de equidad. El mismo término “matrimonio igualitario” provoca la omisión en el vaivén de argumentos y contra argumentos de los principios que los conservadores buscan defender: no es ya un tema de nicho, o de minoría, sino que ha escalado para convertirse en una bisagra del pacto social.

En el escenario global actual, los argumentos de estos últimos son cada vez más sólidos frente a los primeros. Curiosamente, lo que ha hecho montar al matrimonio gay en la agenda pública y convertirse en una cuestión que incide en la política, es precisamente la tesis que pretende convertir la decisión de casarse en un asunto privado.

El matrimonio igualitario ha cobrado apoyo social en Estados Unidos, y su aprobación será tema de debate antes de que Barack Obama deje la Casa Blanca; pero más allá de los norteamericanos, lo cierto es que a nivel comunicacional, el tema ha aumentado su relevancia política de manera exponencial. Hoy ya no es redituable para quien aspira a un cargo público de nivel nacional, mantenerse ecuánime; tomar posición en el acalorado debate es menester y podría ser muy costoso. Y cada vez más, la balanza del sentido en que se deben de pronunciar los contendientes se ha hecho tajante. Le guste a quien le guste,  y le pese a quien le pese, el matrimonio igualitario está aquí para quedarse.

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Estados (Unidos) Mexicanos

Columna publicada en El Horizonte el 11 de mayo de 2013

Terminó la telenovela y todos contentos. Al final, los tres partidos políticos de mayor peso en el Congreso se tomaron la foto esta semana con la firma del adéndum al Pacto por México. Se reinstala así la agenda legislativa que habían signado a principios de sexenio y se añaden algunos compromisos retóricos que, como advertía Luis Carlos Ugalde, no fue sino firmar lo que ya la ley los obligaba a cumplir.

Gustavo Madero no se quedó con las ganas de denunciar, durante el evento, el uso desmedido de “algunos partidos” de los programas sociales con fines electorales. En otras palabras, el panista admitió que a pesar del supuesto blindaje, la moneda de cambio que era su auto exilio del Pacto, no le fue suficiente para exigir al PRI manos limpias en los comicios.

A raíz de las denuncias, sin embargo, se dio inicio a una nueva discusión sobre si el Instituto Federal Electoral debería transitar a un Instituto Nacional Electoral; el fortalecido organismo tendría injerencia no sólo en procesos federales, sino en estatales y municipales. Se trataría, con ello, de purgar nuestro sistema electoral de vicios de corrupción y conflicto de interés que a nivel local, se presume siguen existiendo en gran medida.

Las bondades ahí están: un solo Instituto, más sólido e independiente, que organice todas las elecciones del país. No más arreglos, ni coerción del Ejecutivo local hacia los que deben ser organizadores imparciales en materia electoral.

Lo que merece cautela, no obstante, es la manera en que esta propuesta se inserta dentro del gran discurso reformista que ha dominado la agenda durante los primeros meses de la presente administración. Se trata de una ola de consolidación, unificación y nacionalización de la administración pública y de los organismos autónomos: una sola Policía; un solo Código Penal; un solo organismo de transparencia; y ahora también, un solo Instituto Electoral.

Es cierto: el poder disperso pierde eficiencia, genera incentivos para el cacicazgo regional y da pie a la corrupción. No obstante, las bondades que trae consigo son más sutiles pero poderosas: democratiza, abre a la pluralidad y sobre todo, debilita posibles tendencias autoritarias.

Reducir, compactar y homologar es muy seductor, particularmente para una sociedad que ha visto a la democracia disminuir la capacidad de acción del Estado; la sed que tenemos de un Ejecutivo fuerte, que sea capaz de ejercer el poder y de garantizar movilidad, trae consigo también un riesgo fundamental: que aceptemos, en la nueva configuración del pacto social, un retorno de la discrecionalidad, de la mano dura y del ejercicio del poder centralizado.

Existen, es cierto, muchos países que logran ser democráticos a la vez que centralistas. El federalismo no es característica sine qua non de los valores republicanos ni de la deliberación pública.

Sin embargo, no podemos olvidar que hasta el día de hoy, México sigue siendo constitucionalmente una Federación de estados soberanos. Discursivamente, al menos, pretendemos que cada entidad federativa sea capaz de dictar sus propias leyes, de manejar sus recursos y de autodeterminarse en lo que corresponde al ámbito local.

Debemos decidir, entonces, si estamos dispuestos como Nación a desprendernos de esa idea y acoger los valores centralistas que, de facto, durante gran parte de nuestra historia hemos impreso en nuestro quehacer político. Quizás, por mucho que nos duela, no están inmersos en nuestra idiosincrasia los valores que De Tocqueville tanto admiró en los “Estados Unidos” de América.

O bien, en una visión un tanto más optimista aunque quizás ingenua, podemos avanzar rumbo a la maduración de nuestro sistema federal. De ser así, homologar y centralizar no es sino dar pasos hacia atrás. En lugar de eliminar estructuras regionales o locales para evitar la corrupción y el conflicto de intereses, nuestra legislación debería de generar los incentivos para fortalecer la democracia en su nivel más básico que es la participación ciudadana.

Poco tiempo antes de que concluyera el sexenio anterior, se presentó una iniciativa en el Congreso que pretendía cambiar el nombre oficial de nuestro país a “México”. Todos conocemos de esa manera a nuestro país, dictaba la exposición de motivos del documento. Quizás, de consolidarse esa propuesta, se estaría poniendo fin a una discusión que ha permanecido latente a través de nuestra historia: hoy por hoy no somos, y cada vez nos alejamos más de ser, los Estados Unidos Mexicanos.

 

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El avestruz y el megáfono

publicado en El Horizonte el 4 de mayo de 2013

Si algo ha quedado claro en esta administración es que la seguridad pública ha dejado de ser el eje rector de la narrativa discursiva gubernamental. En la Secretaría de Gobernación, en la PGR, en Palacio Nacional y hasta en la Secretaría de la Defensa Nacional existe una extrema cautela de no mencionar ciertas palabras: narcotráfico; guerra; inseguridad; presunto delincuente; por sólo mencionar algunos.

En política la forma es fondo, y desde que dio inicio el presente sexenio, los “cómos” también se han cuidado con delicada precaución: desapareció, primero, la Secretaría de Seguridad Pública; el Procurador Murillo Karam enfatizó la necesidad de revisar la figura de arraigo; luego vinieron las liberaciones de Florence Cassez; de Noé Ramírez Mandujano y del general Tomás Ángeles Dauahare.

La captura de capos ya no es exaltada con monumentales presentaciones a la prensa, encapuchados armados en ambos lados, paquetes de billetes y armas largas frente a ellos. Se envía, si acaso, una fotografía casual como se hizo con el suegro del Chapo, o un discreto comunicado de prensa. El nuevo guión marca que sí, el Gobierno Federal sigue trabajando, pero hay un viraje de 180 grados en el cómo y el porqué.

El Gobierno de Peña Nieto sabía que la guerra contra el narcotráfico era un tema de baja popularidad y alto repudio; desde la segunda mitad del sexenio anterior, en la opinión pública existía un importante desasosiego respecto a la labor que llevaba a cabo el Ejército y las fuerzas públicas para combatir frontalmente al crimen organizado. En pocas palabras: la nota roja, la cercanía cada vez mayor con la violencia y la inestabilidad que todo esto provocó, terminó por hartar a la ciudadanía.

Ante ello, Peña decidió lavarse las manos bajo la justificante de volver a un México en paz. No obstante, lo preocupante es que por ello, la nueva política parece ser la del avestruz y el megáfono.

Por un lado, el Gobierno esconde la cabeza bajo la tierra para evitar mostrarse beligerante o combativo. Es hasta cierto punto lógico: una administración que ha puesto a las víctimas y a los Derechos Humanos en pedestales, no podría sacar el garrote al mismo tiempo para combatir a maestros, universitarios o a ciudadanos. Suficiente aprendió el primer día, en los sucesos de la toma de protesta, respecto a lo delicado que podía ser que el “regreso del PRI” fuera visto como la vuelta del autoritarismo.

Al mismo tiempo, el círculo cercano de Peña Nieto se sabe amo y profesional de la comunicación social. Con un megáfono publicitario, inundó radio, televisión, prensa escrita y todo espacio de deliberación pública de un nuevo ánimo de progreso, cambio y consenso. Parecería que se grita tan fuerte para evitar escuchar en el fondo lo que todavía existe pero no se quiere ver.

En esta nueva versión de México, se puede decir con todas sus letras que hay hambre, pero nunca que sigue existiendo la violencia.

Pero la violencia está; y es cada vez más latente.

Quizás no está ya en las primeras planas, con cuentas de decapitados y cuerpos encontrados en fosas clandestinas, pero la vemos en los grupos de autodefensa y en las llamadas policías comunitarias. Ya es cada vez menos en los retenes de carreteras, y más en las marchas de maestros o estudiantes que terminan en destrozos de edificios públicos o en tomas de calles, o en paros de carreteras. Sobre todo, y tal vez lo más delicado, la violencia ya no es reaccionaria, de grupos que buscan mantener el control de sus plazas. Ahora, la violencia está en ciudadanos, que tienen más razón que la mal llamada justificación anarquista, y es que ni el Estado ni el pacto social han logrado incluirlos en el acuerdo nacional.

El regreso del PRI es parte del origen, pero no es la única razón; la herencia del desgarre que hubo en el tejido social a causa de la estrategia contra el crimen organizado también es uno de los culpables. Pero quizás la falta más grave está en esta estrategia que hunde la cabeza y saca el megáfono, para dibujar a un México mágico que sí, funciona de manera aspiracional, pero que no puede mantenerse estable si no es acompañado de políticas públicas que le construyan los cimientos que hoy le hacen falta.

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El primer tropezón de Peña Nieto

Columna publicada en el diario El Horizonte el 27 de abril de 2013

¡Qué semana le tocó a Enrique Peña Nieto! Después de una luna de miel que se prolongó por casi cinco meses, el Gobierno Federal se enfrentó a sus primeros desencuentros y tropezones.

Además del conflicto magisterial en Guerrero y en la UNAM, el proceso más frágil al que debió dar cara el Presidente fue su primera crisis política, cuando el PAN y el PRD amenazaron con abandonar el Pacto por México.

A Peña Nieto no le costó cara la publicación de las grabaciones en las que se pone en evidencia el uso de recursos de Sedesol para promover el voto por su partido en Veracruz. El grave error de comunicación estuvo, más bien, en el pronunciamiento que hizo para proteger a su Secretaria de Desarrollo Social de forma pública.

Si la estrategia de Gobierno entera de la nueva administración ha estado basada en la capacidad que tiene (o pretende tener) de lograr acuerdos y consensos para “mover a México”, es evidente que lo primero que debe cuidarse a nivel comunicativo es la posibilidad de romper con la alianza política que ha alimentado a su legitimidad.

El Pacto por México, más allá de que se publicite como un gran acuerdo sociopolítico, es una herramienta de legitimación de la nueva administración, a la que las otras fuerzas políticas tuvieron la necesidad de adherirse. ¿Qué opción tenía el PAN de decir que no, ante la notable pérdida de simpatizantes tras perder el poder?  ¿Cómo iba a disentir el PRD cuando está ávido de diferenciarse del movimiento lopezobradorista y demostrar que es una izquierda “responsable”?

Lo que había logrado Enrique Peña Nieto con el Pacto por México, era construir un encuadre mediático lo suficientemente astuto como para envolver en él las políticas que su gobierno requería para abrirle paso a sus proyectos, bajo la justificación de una supuesta razón de Estado.  Todo el que estuviera en contra del Pacto, estaba en contra de México; se enalteció el movimiento (en oposición al estancamiento) por el movimiento mismo. Todo lo que muestre signos de avance es positivo; todo lo que se detenga o presente resistencia, debe ser eliminado.

En el centro del discurso, está la avidez de reformar. Por décadas, los mexicanos hemos comprado la idea de que las reformas son difíciles de aprobarse, pero necesarias y positivas para el desarrollo del país. Si la modificación que se hace tiene un sentido ideológico u otro parece dar igual, siempre que se logre; si la dimensión del proyecto termina siendo minúsculo comparado con la iniciativa original, también parece no importar. Para el discurso de Peña Nieto, lo que importa es palomear en la lista, al igual que hizo con los compromisos en el Estado de México, los logros alcanzados. Así, por ejemplo, la Reforma de Telecomunicaciones que esta semana se aprobó nuevamente en la Cámara de Diputados, es un éxito más allá de que la figura de amparo haya sido reducida en el Senado.

En este entorno, Enrique Peña Nieto tropezó en el momento en que dio oportunidad a los partidos de cuestionar su adhesión al Pacto por México. Ni el PRD ni el PAN podían excluirse de las decisiones del Pacto porque éste en sí, es (según la opinión pública al menos) bueno.

Sin embargo, sí pueden decir que no a la injusticia; al uso de la pobreza para alimentar a un proceso electoral; a la corrupción; y específicamente, pueden utilizar con gran facilidad el bien construido discurso del regreso del viejo PRI.

Al defender a Robles de manera pública, el Presidente dio cabida a que la oposición pusiera, de manera legítima ante la sociedad, un alto a la agenda presidencial. Por primera vez desde Diciembre (y de hecho, podría decirse que desde Julio), Enrique Peña Nieto no fue el establecedor de los temas de la agenda pública y debió responder al entorno en defensa de su administración. No sólo canceló la presentación de las catorce iniciativas que conformarían la reforma financiera, sino que debió utilizar sus apariciones públicas para justificarse.

Al final, el tropezón no fue tan grande. Por un lado, para fortuna del Presidente, la interrupción legislativa que se dará con el final del periodo de sesiones este martes, abrirá un espacio para que la Presidencia retome la batuta de la agenda pública y se dedique el verano a relanzar la estrategia de acción para Septiembre.

Al mismo tiempo, la fortaleza del Pacto mismo rindió frutos: el PAN y el PRD podían amenazar con su salida, pero jamás podían abandonarlo. Al menos no en este momento. Hacerlo, sería convertirse en los que detienen la transformación de México; en los que por capricho político se oponen a un Presidente que sigue gozando de un alto porcentaje de legitimidad; en los que simple y sencillamente, quieren dejar de mover a México.

Enrique Peña Nieto tuvo suerte; no quiere decir esto que siempre vaya a ocurrir de esta manera.

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Riesgos de Mover a México

Peña lo supo identificar: los mexicanos nos sentíamos estancados. Después de más de quince años de inamovilidad política, la sociedad estaba ávida de progreso, por el progreso mismo. “Aprobar reformas” se convirtió en una virtud sin oposición, más allá de que éstas fueran o no positivas. La frase con que se firman los publicitarios del Gobierno Federal lo dice en tres palabras: Mover a México.

Recibimos, así con alegría hace casi cinco meses, el anuncio de que los tres partidos de mayor fuerza en el Congreso habían signado el Pacto por México. Agradecimos la cohesión; el acuerdo; la sensatez política. Dejamos a un lado si se trataba o no de una agenda coherente, factible o positiva, y otorgamos un gran bono de legitimidad al discurso oficial.

Más creció nuestra aprobación cuando a las pocas semanas, el Pacto había logrado hacer avances que parecían inimaginables, de la talla de la reforma educativa.

Hoy, a 10 días de que termine el segundo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y en el Senado, el Pacto parece empezar a sufrir por la suave fricción que le imponen los procesos de acuerdo y cabildeo que son necesarios para lograr sus objetivos.

De la agenda que se firmó el 2 de diciembre quedan muchos temas pendientes. El ritmo e ímpetu con que inició sus trabajos el Consejo Rector fue disminuyendo naturalmente con el desgaste de las propias tareas legislativas. Es entendible, e incluso sano que así suceda: no todos los legisladores pueden sumarse a ciegas a un documento firmado por los presidentes de sus respectivos partidos, o los líderes de sus bancadas.

Sin la reelección legislativa, los partidos siguen teniendo la capacidad de ejercer cierta coerción sobre quienes ocupan las curules; sin embargo, otras fuerzas actúan también cuando se emiten los votos: intereses de gremio; poderes fácticos; y desde luego, las aspiraciones políticas que muchos de ellos ya contemplan en el corto plazo.

Así, por ejemplo, mientras la Reforma Educativa se aprobó en un proceso fast-track, con un gran consenso en ambas Cámaras, la iniciativa en materia de telecomunicaciones ha sufrido una suerte distinta, teniendo que esquivar obstáculos, reservas y letras chiquitas. En otras palabras, ya no es suficiente que la reforma lleve la bendición del Pacto por México para garantizar que verá la luz verde y que permanecerá intacta.

El desgaste afecta a la clase política, pero específicamente reduce el impulso que le había dado a la nueva administración.

Quizás el acierto más grande, pero también el error más peligroso, que ha tenido Enrique Peña Nieto ha sido construir el apoyo social a su Gobierno a partir de lo noticioso: las reformas, la detención de Elba Esther Gordillo; la Ley de Víctimas. Se trata de acciones que sin un esfuerzo mayor, le dieron un bono importante de aceptación, particularmente con líderes de opinión y con la clase política.

Acierto, sí, porque ha logrado a través de ello reencuadrar la agenda pública: redujo la relevancia de la lucha contra el narcotráfico y se posicionó como un Presidente con fuerza, capaz de lograr lo que las administraciones anteriores no pudieron.

Error, también, porque los sucesos catapultan fuertemente, pero con poco alcance. De pronto los mexicanos nos acostumbramos a esperar el siguiente gran evento; la reforma que viene.

Además, las reformas estructurales que se han planteado, y las que se han aprobado, tienen gran incidencia a largo plazo pero afectan de manera muy sutil o nula a la vida diaria de los ciudadanos de manera inmediata. La reforma educativa tomará años antes de mostrar sus bondades (suponiendo que las leyes secundarias se aprueban de igual manera); la reforma en telecomunicaciones, de ser aprobada, requeriría de al menos un año antes de que pudiera abrir al mercado; más tiempo aún para que los consumidores pudiésemos percibir la reducción de precios o la mejora de servicios.

A partir de mayo y hasta el mes de septiembre, los trabajos en las Cámaras continuarán a cargo de la Comisión Permanente; no obstante, será difícil que en esos meses veamos avanzar grandes reformas. Con el fin del periodo de sesiones, el Gobierno Federal tendrá que idear una nueva manera de mantener su legitimidad y de seguir dando pasos que muevan a México.

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¿Cuánto vale un migrante?

En Estados Unidos, la reforma migratoria cobra fuerza; la tan esperada iniciativa, prometida e impulsada por Barack Obama desde su primer periodo en la Casa Blanca, podría empezar a discutirse en la Cámara alta del país vecino tan pronto como la semana que viene.

Marchas, mesas de debate, programas de radio y televisión, han empezado a impulsar de igual manera, el tema en la agenda pública de ambos países; todo esto será coronado, además, por la visita de Estado que realizará el Presidente norteamericano a nuestro país en el próximo mes de mayo.

Tanto demócratas como republicanos han anunciado que se harán propuestas de reforma; saben que ha llegado la hora de pronunciarse al respecto.

Nuevamente se hacen oír, en ambos bandos, los argumentos ya conocidos: las posibles repercusiones de la migración ilegal en los índices de delincuencia; la competencia por empleos mal pagados; el debate sobre si otorgar la ciudadanía a quienes rompieron la ley es incentivar que nuevas generaciones hagan lo mismo; el acceso universal a la seguridad social, y desde luego, los Derechos Humanos.

No obstante, poco se dice sobre el migrante como agente económico de alta relevancia para ambos países; se mencionan sí, los desafíos; los clichés; los argumentos en contra y desde luego las críticas infundadas. Pero nadie se hace la pregunta: ¿cuánto vale, en términos reales, un migrante para la economía de cada país?

Veamos las cifras: hoy en día, uno de cada diez habitantes de Estados Unidos (unos 30.8 millones, según el último censo realizado en EE.UU.) es de origen mexicano; de éstos, 11.7 millones son migrantes (es decir, de primera generación).

Bastante arraigada está, en el colectivo norteamericano, la noción de que el migrante (y  particularmente el migrante ilegal) va en busca de un empleo y está dispuesto a trabajar por una cuota baja, en condiciones deplorables.

Es cierto; muchos migrantes pasan por esto y más si consideramos que en promedio 4 de cada 5 ganaban menos de 7,000 pesos al mes en su país de origen.

Pero es cierto también que los migrantes son cada vez más, un factor determinante en el impulso de la creación de nuevos negocios estadounidenses.

Según cifras del reporte “Open for Business: Partnership for a New American Economy”, el 18% de los nuevos negocios en Estados Unidos son de inmigrantes; además, es dos veces más probable que un migrante inicie un negocio en Estados Unidos a que lo haga un individuo originario de ese país.

La cultura emprendedora de quien inmigra es incuestionable; afectado por la necesidad de encontrar oportunidades, tiene un mayor incentivo para arriesgar su capital en busca del éxito.

Otra cifra relevante: en promedio, los mexicanos envían 320 dólares al mes a sus hogares en forma de remesas; esto era, el año pasado, el 2.15% del PIB mexicano y en algunos estados como Guanajuato, representaba uno de cada nueve dólares del producto estatal.

 De modo que no hay duda: los migrantes contribuyen, y contribuyen mucho.

Allá, tienen un rol clave en la producción agrícola; pero cada vez más, tienen también un importante desempeño en actividades económicas secundarias y terciarias, donde están tomando las riendas de las decisiones en micro y medianas empresas.

Acá, en México, los migrantes envían recursos que (pese a la baja en remesas y el fortalecimiento del dólar) siguen encontrándose en una de las cinco posiciones más altas en captura de divisas.

Es menester que la discusión que está por comenzar se entienda dentro de este marco: no se trata de los “ilegales”; los desprotegidos; los que se acercan al Estado a pedir una disculpa y a ser sancionados socialmente. No son los que “no quisimos en México” ni son los que le quitan el empleo a los estadounidenses.

La comunidad de migrantes, no sólo mexicana sino hispana, debe de encabezar este debate legislativo como lo que es: un sector de la población cada vez más relevante social, cultural y económicamente; uno que ya no se contenta con ser vista para abajo y que por lo contrario, podría marcar la diferencia en una economía americana que está lejos de poder llamarse estable.

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¿Por qué sonríe Emilio Azcárraga?

A muchos sorprendió la alegría con que Emilio Azcárraga recibió la iniciativa de Reforma en Telecomunicaciones. El escepticismo se hizo notar inmediatamente, a un grado tal que el trending topic en Twitter el lunes 11 no fue la Reforma, ni el Pacto por México, ni Televisa, sino el nombre del empresario.

Rumores, hipótesis y comentarios empezaron a flotar en la opinión pública, para intentar explicar por qué una reforma que debía hacer temblar a los poderes fácticos, los tenía tan tranquilos.

Algunos sugirieron que en las letras chiquitas, la Reforma no toca a Televisa y por lo contrario, le abre paso para expandir su imperio sin competencia de América Móvil.

Otros se aferraron a teorías de conspiración en las que aseguraban que la “telebancada” haría las modificaciones necesarias aprovechando la cortina de humo blanco que les dio la elección del nuevo Pontífice en el Vaticano.

Unos más sugirieron que Televisa crearía empresas fantasmas, utilizaría prestanombres para competir en las nuevas licitaciones y se ampararía contra las modificaciones a la Constitución.

Lo cierto es que nadie podía creía que un Presidente, ligado estrechamente a las televisoras, estuviera dispuesto a traicionarlas en pro de la ciudadanía y del país; y nadie podía entender las razones detrás de semejante decisión.

La respuesta es más evidente y simple de lo que se ha hecho notar:

Primeramente, aclaremos: la iniciativa presenta reformas a dos áreas que están entrelazadas pero que son totalmente distintas: la de radiodifusión (léase T.V. abierta) y la de telecomunicaciones (telefonía, Internet, T.V. de paga, etc.)

En el caso de Televisa, basta con analizar su comportamiento durante la última década para darnos cuenta de las repercusiones que esto tiene:

En el año 2000, la televisión abierta representaban un 60.7% del ingreso total de la empresa. Para el 2011, ese ingreso se había reducido a cerca del 36.7%, con una tendencia además a la baja.

Por lo contrario, la televisión de paga y los servicios de telecomunicaciones que a principios de la década eran apenas un 4.2% crecieron exponencialmente y para 2011, ya eran un 40.8% de los ingresos del corporativo.

En otras palabras, Televisa (y sus filiales) vende cada vez menos Chabelo, López Dóriga, Lolita Ayala o Brozo, y cada vez más se trata de una empresa de televisión por cable, Internet y servicios de red; esto sin mencionar otras áreas de participación económica de la empresa (equipos de fútbol, espectáculos, etc.)

En segundo lugar, dentro del sector de telecomunicaciones, la televisión representa una proporción minúscula al compararla con otros servicios. La TV es solamente el 10.7% del mercado telecom, mientras que telefonía móvil, por ejemplo, representa un 57.1%

En otras palabras, aún cuando la Reforma en Telecomunicaciones golpeara a Televisa en radiodifusión, la desincorporación de activos de Telmex-Telcel, la multiprogramación, la nivelación en el terreno de telefonía y la posibilidad de participar sin restricciones en el mercado triple play, le abren un mundo de posibilidades que podrían hacer crecer sus ingresos de una forma que la TV abierta jamás le permitiría.

En tercer lugar, el principal ingreso de las televisoras es la publicidad y las agencias destinan cada vez menos recursos a TV (bajó casi 12% en 8 años), y más recursos a publicitar sus productos en el ciberespacio (donde creció 1,500% entre 2002 y 2008).

A Televisa le conviene estar en Internet.

La nueva iniciativa permitirá también, que empresas como Televisa obtengan concesiones únicas para transmitir por sus bandas servicios múltiples.

De modo que esta iniciativa, como dijo Azcárraga el día que fue presentada, representa sí muchos retos para la empresa (particularmente en regulación, en apertura de mercado en radiodifusión y en competencia), pero sobre todo abre un sinfín de posibilidades para que Televisa crezca como empresa de telecomunicaciones.

¿Es malo esto?

No necesariamente.

Caemos rápidamente en la falacia de creer que si no le pega al enemigo, la reforma está viciada; que es malo, por sí mismo, que una empresa se pueda beneficiar del nuevo modelo económico. Nos acostumbramos a suponer que los linchamientos públicos son políticas más adecuadas que las iniciativas que busquen una nueva harmonía entre actores; muchos hubiesen querido un ataque frontal, como el que ocurrió con Elba Esther Gordillo en el caso de la reforma educativa.

Lo cierto es que todo eso solamente saciaría el morbo de manera ineficiente.

Una Reforma en Telecomunicaciones que beneficie al país debe de abrir las puertas a la competencia tanto en televisión como en telecomunicaciones; debe de proveer al Estado con las facultades para regir las concesiones que otorga (que además deben ser entendidas como servicios públicos de interés general) y revocarlas si es necesario; debe de democratizar los medios y abrirlos a la participación ciudadana; debe de fomentar una cultura de televidentes informados y ávidos por conocer distintos puntos de vista; debe de promover la producción nacional independiente, eliminar los vicios y engaños (publicidad engañosa en forma de noticias, infomerciales); debe de evitar la discriminación a minorías y proteger a la niñez.

Todo esto, está incluido en la iniciativa que se discute hoy en el Congreso.

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