Estados (Unidos) Mexicanos

Posted on 12/05/2013 by Daniel Berezowsky

Columna publicada en El Horizonte el 11 de mayo de 2013

Terminó la telenovela y todos contentos. Al final, los tres partidos políticos de mayor peso en el Congreso se tomaron la foto esta semana con la firma del adéndum al Pacto por México. Se reinstala así la agenda legislativa que habían signado a principios de sexenio y se añaden algunos compromisos retóricos que, como advertía Luis Carlos Ugalde, no fue sino firmar lo que ya la ley los obligaba a cumplir.

Gustavo Madero no se quedó con las ganas de denunciar, durante el evento, el uso desmedido de “algunos partidos” de los programas sociales con fines electorales. En otras palabras, el panista admitió que a pesar del supuesto blindaje, la moneda de cambio que era su auto exilio del Pacto, no le fue suficiente para exigir al PRI manos limpias en los comicios.

A raíz de las denuncias, sin embargo, se dio inicio a una nueva discusión sobre si el Instituto Federal Electoral debería transitar a un Instituto Nacional Electoral; el fortalecido organismo tendría injerencia no sólo en procesos federales, sino en estatales y municipales. Se trataría, con ello, de purgar nuestro sistema electoral de vicios de corrupción y conflicto de interés que a nivel local, se presume siguen existiendo en gran medida.

Las bondades ahí están: un solo Instituto, más sólido e independiente, que organice todas las elecciones del país. No más arreglos, ni coerción del Ejecutivo local hacia los que deben ser organizadores imparciales en materia electoral.

Lo que merece cautela, no obstante, es la manera en que esta propuesta se inserta dentro del gran discurso reformista que ha dominado la agenda durante los primeros meses de la presente administración. Se trata de una ola de consolidación, unificación y nacionalización de la administración pública y de los organismos autónomos: una sola Policía; un solo Código Penal; un solo organismo de transparencia; y ahora también, un solo Instituto Electoral.

Es cierto: el poder disperso pierde eficiencia, genera incentivos para el cacicazgo regional y da pie a la corrupción. No obstante, las bondades que trae consigo son más sutiles pero poderosas: democratiza, abre a la pluralidad y sobre todo, debilita posibles tendencias autoritarias.

Reducir, compactar y homologar es muy seductor, particularmente para una sociedad que ha visto a la democracia disminuir la capacidad de acción del Estado; la sed que tenemos de un Ejecutivo fuerte, que sea capaz de ejercer el poder y de garantizar movilidad, trae consigo también un riesgo fundamental: que aceptemos, en la nueva configuración del pacto social, un retorno de la discrecionalidad, de la mano dura y del ejercicio del poder centralizado.

Existen, es cierto, muchos países que logran ser democráticos a la vez que centralistas. El federalismo no es característica sine qua non de los valores republicanos ni de la deliberación pública.

Sin embargo, no podemos olvidar que hasta el día de hoy, México sigue siendo constitucionalmente una Federación de estados soberanos. Discursivamente, al menos, pretendemos que cada entidad federativa sea capaz de dictar sus propias leyes, de manejar sus recursos y de autodeterminarse en lo que corresponde al ámbito local.

Debemos decidir, entonces, si estamos dispuestos como Nación a desprendernos de esa idea y acoger los valores centralistas que, de facto, durante gran parte de nuestra historia hemos impreso en nuestro quehacer político. Quizás, por mucho que nos duela, no están inmersos en nuestra idiosincrasia los valores que De Tocqueville tanto admiró en los “Estados Unidos” de América.

O bien, en una visión un tanto más optimista aunque quizás ingenua, podemos avanzar rumbo a la maduración de nuestro sistema federal. De ser así, homologar y centralizar no es sino dar pasos hacia atrás. En lugar de eliminar estructuras regionales o locales para evitar la corrupción y el conflicto de intereses, nuestra legislación debería de generar los incentivos para fortalecer la democracia en su nivel más básico que es la participación ciudadana.

Poco tiempo antes de que concluyera el sexenio anterior, se presentó una iniciativa en el Congreso que pretendía cambiar el nombre oficial de nuestro país a “México”. Todos conocemos de esa manera a nuestro país, dictaba la exposición de motivos del documento. Quizás, de consolidarse esa propuesta, se estaría poniendo fin a una discusión que ha permanecido latente a través de nuestra historia: hoy por hoy no somos, y cada vez nos alejamos más de ser, los Estados Unidos Mexicanos.

 

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El avestruz y el megáfono

Posted on 07/05/2013 by Daniel Berezowsky

publicado en El Horizonte el 4 de mayo de 2013

Si algo ha quedado claro en esta administración es que la seguridad pública ha dejado de ser el eje rector de la narrativa discursiva gubernamental. En la Secretaría de Gobernación, en la PGR, en Palacio Nacional y hasta en la Secretaría de la Defensa Nacional existe una extrema cautela de no mencionar ciertas palabras: narcotráfico; guerra; inseguridad; presunto delincuente; por sólo mencionar algunos.

En política la forma es fondo, y desde que dio inicio el presente sexenio, los “cómos” también se han cuidado con delicada precaución: desapareció, primero, la Secretaría de Seguridad Pública; el Procurador Murillo Karam enfatizó la necesidad de revisar la figura de arraigo; luego vinieron las liberaciones de Florence Cassez; de Noé Ramírez Mandujano y del general Tomás Ángeles Dauahare.

La captura de capos ya no es exaltada con monumentales presentaciones a la prensa, encapuchados armados en ambos lados, paquetes de billetes y armas largas frente a ellos. Se envía, si acaso, una fotografía casual como se hizo con el suegro del Chapo, o un discreto comunicado de prensa. El nuevo guión marca que sí, el Gobierno Federal sigue trabajando, pero hay un viraje de 180 grados en el cómo y el porqué.

El Gobierno de Peña Nieto sabía que la guerra contra el narcotráfico era un tema de baja popularidad y alto repudio; desde la segunda mitad del sexenio anterior, en la opinión pública existía un importante desasosiego respecto a la labor que llevaba a cabo el Ejército y las fuerzas públicas para combatir frontalmente al crimen organizado. En pocas palabras: la nota roja, la cercanía cada vez mayor con la violencia y la inestabilidad que todo esto provocó, terminó por hartar a la ciudadanía.

Ante ello, Peña decidió lavarse las manos bajo la justificante de volver a un México en paz. No obstante, lo preocupante es que por ello, la nueva política parece ser la del avestruz y el megáfono.

Por un lado, el Gobierno esconde la cabeza bajo la tierra para evitar mostrarse beligerante o combativo. Es hasta cierto punto lógico: una administración que ha puesto a las víctimas y a los Derechos Humanos en pedestales, no podría sacar el garrote al mismo tiempo para combatir a maestros, universitarios o a ciudadanos. Suficiente aprendió el primer día, en los sucesos de la toma de protesta, respecto a lo delicado que podía ser que el “regreso del PRI” fuera visto como la vuelta del autoritarismo.

Al mismo tiempo, el círculo cercano de Peña Nieto se sabe amo y profesional de la comunicación social. Con un megáfono publicitario, inundó radio, televisión, prensa escrita y todo espacio de deliberación pública de un nuevo ánimo de progreso, cambio y consenso. Parecería que se grita tan fuerte para evitar escuchar en el fondo lo que todavía existe pero no se quiere ver.

En esta nueva versión de México, se puede decir con todas sus letras que hay hambre, pero nunca que sigue existiendo la violencia.

Pero la violencia está; y es cada vez más latente.

Quizás no está ya en las primeras planas, con cuentas de decapitados y cuerpos encontrados en fosas clandestinas, pero la vemos en los grupos de autodefensa y en las llamadas policías comunitarias. Ya es cada vez menos en los retenes de carreteras, y más en las marchas de maestros o estudiantes que terminan en destrozos de edificios públicos o en tomas de calles, o en paros de carreteras. Sobre todo, y tal vez lo más delicado, la violencia ya no es reaccionaria, de grupos que buscan mantener el control de sus plazas. Ahora, la violencia está en ciudadanos, que tienen más razón que la mal llamada justificación anarquista, y es que ni el Estado ni el pacto social han logrado incluirlos en el acuerdo nacional.

El regreso del PRI es parte del origen, pero no es la única razón; la herencia del desgarre que hubo en el tejido social a causa de la estrategia contra el crimen organizado también es uno de los culpables. Pero quizás la falta más grave está en esta estrategia que hunde la cabeza y saca el megáfono, para dibujar a un México mágico que sí, funciona de manera aspiracional, pero que no puede mantenerse estable si no es acompañado de políticas públicas que le construyan los cimientos que hoy le hacen falta.

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El primer tropezón de Peña Nieto

Posted on 01/05/2013 by Daniel Berezowsky

Columna publicada en el diario El Horizonte el 27 de abril de 2013

¡Qué semana le tocó a Enrique Peña Nieto! Después de una luna de miel que se prolongó por casi cinco meses, el Gobierno Federal se enfrentó a sus primeros desencuentros y tropezones.

Además del conflicto magisterial en Guerrero y en la UNAM, el proceso más frágil al que debió dar cara el Presidente fue su primera crisis política, cuando el PAN y el PRD amenazaron con abandonar el Pacto por México.

A Peña Nieto no le costó cara la publicación de las grabaciones en las que se pone en evidencia el uso de recursos de Sedesol para promover el voto por su partido en Veracruz. El grave error de comunicación estuvo, más bien, en el pronunciamiento que hizo para proteger a su Secretaria de Desarrollo Social de forma pública.

Si la estrategia de Gobierno entera de la nueva administración ha estado basada en la capacidad que tiene (o pretende tener) de lograr acuerdos y consensos para “mover a México”, es evidente que lo primero que debe cuidarse a nivel comunicativo es la posibilidad de romper con la alianza política que ha alimentado a su legitimidad.

El Pacto por México, más allá de que se publicite como un gran acuerdo sociopolítico, es una herramienta de legitimación de la nueva administración, a la que las otras fuerzas políticas tuvieron la necesidad de adherirse. ¿Qué opción tenía el PAN de decir que no, ante la notable pérdida de simpatizantes tras perder el poder?  ¿Cómo iba a disentir el PRD cuando está ávido de diferenciarse del movimiento lopezobradorista y demostrar que es una izquierda “responsable”?

Lo que había logrado Enrique Peña Nieto con el Pacto por México, era construir un encuadre mediático lo suficientemente astuto como para envolver en él las políticas que su gobierno requería para abrirle paso a sus proyectos, bajo la justificación de una supuesta razón de Estado.  Todo el que estuviera en contra del Pacto, estaba en contra de México; se enalteció el movimiento (en oposición al estancamiento) por el movimiento mismo. Todo lo que muestre signos de avance es positivo; todo lo que se detenga o presente resistencia, debe ser eliminado.

En el centro del discurso, está la avidez de reformar. Por décadas, los mexicanos hemos comprado la idea de que las reformas son difíciles de aprobarse, pero necesarias y positivas para el desarrollo del país. Si la modificación que se hace tiene un sentido ideológico u otro parece dar igual, siempre que se logre; si la dimensión del proyecto termina siendo minúsculo comparado con la iniciativa original, también parece no importar. Para el discurso de Peña Nieto, lo que importa es palomear en la lista, al igual que hizo con los compromisos en el Estado de México, los logros alcanzados. Así, por ejemplo, la Reforma de Telecomunicaciones que esta semana se aprobó nuevamente en la Cámara de Diputados, es un éxito más allá de que la figura de amparo haya sido reducida en el Senado.

En este entorno, Enrique Peña Nieto tropezó en el momento en que dio oportunidad a los partidos de cuestionar su adhesión al Pacto por México. Ni el PRD ni el PAN podían excluirse de las decisiones del Pacto porque éste en sí, es (según la opinión pública al menos) bueno.

Sin embargo, sí pueden decir que no a la injusticia; al uso de la pobreza para alimentar a un proceso electoral; a la corrupción; y específicamente, pueden utilizar con gran facilidad el bien construido discurso del regreso del viejo PRI.

Al defender a Robles de manera pública, el Presidente dio cabida a que la oposición pusiera, de manera legítima ante la sociedad, un alto a la agenda presidencial. Por primera vez desde Diciembre (y de hecho, podría decirse que desde Julio), Enrique Peña Nieto no fue el establecedor de los temas de la agenda pública y debió responder al entorno en defensa de su administración. No sólo canceló la presentación de las catorce iniciativas que conformarían la reforma financiera, sino que debió utilizar sus apariciones públicas para justificarse.

Al final, el tropezón no fue tan grande. Por un lado, para fortuna del Presidente, la interrupción legislativa que se dará con el final del periodo de sesiones este martes, abrirá un espacio para que la Presidencia retome la batuta de la agenda pública y se dedique el verano a relanzar la estrategia de acción para Septiembre.

Al mismo tiempo, la fortaleza del Pacto mismo rindió frutos: el PAN y el PRD podían amenazar con su salida, pero jamás podían abandonarlo. Al menos no en este momento. Hacerlo, sería convertirse en los que detienen la transformación de México; en los que por capricho político se oponen a un Presidente que sigue gozando de un alto porcentaje de legitimidad; en los que simple y sencillamente, quieren dejar de mover a México.

Enrique Peña Nieto tuvo suerte; no quiere decir esto que siempre vaya a ocurrir de esta manera.

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Riesgos de Mover a México

Posted on 01/05/2013 by Daniel Berezowsky

Peña lo supo identificar: los mexicanos nos sentíamos estancados. Después de más de quince años de inamovilidad política, la sociedad estaba ávida de progreso, por el progreso mismo. “Aprobar reformas” se convirtió en una virtud sin oposición, más allá de que éstas fueran o no positivas. La frase con que se firman los publicitarios del Gobierno Federal lo dice en tres palabras: Mover a México.

Recibimos, así con alegría hace casi cinco meses, el anuncio de que los tres partidos de mayor fuerza en el Congreso habían signado el Pacto por México. Agradecimos la cohesión; el acuerdo; la sensatez política. Dejamos a un lado si se trataba o no de una agenda coherente, factible o positiva, y otorgamos un gran bono de legitimidad al discurso oficial.

Más creció nuestra aprobación cuando a las pocas semanas, el Pacto había logrado hacer avances que parecían inimaginables, de la talla de la reforma educativa.

Hoy, a 10 días de que termine el segundo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y en el Senado, el Pacto parece empezar a sufrir por la suave fricción que le imponen los procesos de acuerdo y cabildeo que son necesarios para lograr sus objetivos.

De la agenda que se firmó el 2 de diciembre quedan muchos temas pendientes. El ritmo e ímpetu con que inició sus trabajos el Consejo Rector fue disminuyendo naturalmente con el desgaste de las propias tareas legislativas. Es entendible, e incluso sano que así suceda: no todos los legisladores pueden sumarse a ciegas a un documento firmado por los presidentes de sus respectivos partidos, o los líderes de sus bancadas.

Sin la reelección legislativa, los partidos siguen teniendo la capacidad de ejercer cierta coerción sobre quienes ocupan las curules; sin embargo, otras fuerzas actúan también cuando se emiten los votos: intereses de gremio; poderes fácticos; y desde luego, las aspiraciones políticas que muchos de ellos ya contemplan en el corto plazo.

Así, por ejemplo, mientras la Reforma Educativa se aprobó en un proceso fast-track, con un gran consenso en ambas Cámaras, la iniciativa en materia de telecomunicaciones ha sufrido una suerte distinta, teniendo que esquivar obstáculos, reservas y letras chiquitas. En otras palabras, ya no es suficiente que la reforma lleve la bendición del Pacto por México para garantizar que verá la luz verde y que permanecerá intacta.

El desgaste afecta a la clase política, pero específicamente reduce el impulso que le había dado a la nueva administración.

Quizás el acierto más grande, pero también el error más peligroso, que ha tenido Enrique Peña Nieto ha sido construir el apoyo social a su Gobierno a partir de lo noticioso: las reformas, la detención de Elba Esther Gordillo; la Ley de Víctimas. Se trata de acciones que sin un esfuerzo mayor, le dieron un bono importante de aceptación, particularmente con líderes de opinión y con la clase política.

Acierto, sí, porque ha logrado a través de ello reencuadrar la agenda pública: redujo la relevancia de la lucha contra el narcotráfico y se posicionó como un Presidente con fuerza, capaz de lograr lo que las administraciones anteriores no pudieron.

Error, también, porque los sucesos catapultan fuertemente, pero con poco alcance. De pronto los mexicanos nos acostumbramos a esperar el siguiente gran evento; la reforma que viene.

Además, las reformas estructurales que se han planteado, y las que se han aprobado, tienen gran incidencia a largo plazo pero afectan de manera muy sutil o nula a la vida diaria de los ciudadanos de manera inmediata. La reforma educativa tomará años antes de mostrar sus bondades (suponiendo que las leyes secundarias se aprueban de igual manera); la reforma en telecomunicaciones, de ser aprobada, requeriría de al menos un año antes de que pudiera abrir al mercado; más tiempo aún para que los consumidores pudiésemos percibir la reducción de precios o la mejora de servicios.

A partir de mayo y hasta el mes de septiembre, los trabajos en las Cámaras continuarán a cargo de la Comisión Permanente; no obstante, será difícil que en esos meses veamos avanzar grandes reformas. Con el fin del periodo de sesiones, el Gobierno Federal tendrá que idear una nueva manera de mantener su legitimidad y de seguir dando pasos que muevan a México.

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¿Cuánto vale un migrante?

Posted on 01/05/2013 by Daniel Berezowsky

En Estados Unidos, la reforma migratoria cobra fuerza; la tan esperada iniciativa, prometida e impulsada por Barack Obama desde su primer periodo en la Casa Blanca, podría empezar a discutirse en la Cámara alta del país vecino tan pronto como la semana que viene.

Marchas, mesas de debate, programas de radio y televisión, han empezado a impulsar de igual manera, el tema en la agenda pública de ambos países; todo esto será coronado, además, por la visita de Estado que realizará el Presidente norteamericano a nuestro país en el próximo mes de mayo.

Tanto demócratas como republicanos han anunciado que se harán propuestas de reforma; saben que ha llegado la hora de pronunciarse al respecto.

Nuevamente se hacen oír, en ambos bandos, los argumentos ya conocidos: las posibles repercusiones de la migración ilegal en los índices de delincuencia; la competencia por empleos mal pagados; el debate sobre si otorgar la ciudadanía a quienes rompieron la ley es incentivar que nuevas generaciones hagan lo mismo; el acceso universal a la seguridad social, y desde luego, los Derechos Humanos.

No obstante, poco se dice sobre el migrante como agente económico de alta relevancia para ambos países; se mencionan sí, los desafíos; los clichés; los argumentos en contra y desde luego las críticas infundadas. Pero nadie se hace la pregunta: ¿cuánto vale, en términos reales, un migrante para la economía de cada país?

Veamos las cifras: hoy en día, uno de cada diez habitantes de Estados Unidos (unos 30.8 millones, según el último censo realizado en EE.UU.) es de origen mexicano; de éstos, 11.7 millones son migrantes (es decir, de primera generación).

Bastante arraigada está, en el colectivo norteamericano, la noción de que el migrante (y  particularmente el migrante ilegal) va en busca de un empleo y está dispuesto a trabajar por una cuota baja, en condiciones deplorables.

Es cierto; muchos migrantes pasan por esto y más si consideramos que en promedio 4 de cada 5 ganaban menos de 7,000 pesos al mes en su país de origen.

Pero es cierto también que los migrantes son cada vez más, un factor determinante en el impulso de la creación de nuevos negocios estadounidenses.

Según cifras del reporte “Open for Business: Partnership for a New American Economy”, el 18% de los nuevos negocios en Estados Unidos son de inmigrantes; además, es dos veces más probable que un migrante inicie un negocio en Estados Unidos a que lo haga un individuo originario de ese país.

La cultura emprendedora de quien inmigra es incuestionable; afectado por la necesidad de encontrar oportunidades, tiene un mayor incentivo para arriesgar su capital en busca del éxito.

Otra cifra relevante: en promedio, los mexicanos envían 320 dólares al mes a sus hogares en forma de remesas; esto era, el año pasado, el 2.15% del PIB mexicano y en algunos estados como Guanajuato, representaba uno de cada nueve dólares del producto estatal.

 De modo que no hay duda: los migrantes contribuyen, y contribuyen mucho.

Allá, tienen un rol clave en la producción agrícola; pero cada vez más, tienen también un importante desempeño en actividades económicas secundarias y terciarias, donde están tomando las riendas de las decisiones en micro y medianas empresas.

Acá, en México, los migrantes envían recursos que (pese a la baja en remesas y el fortalecimiento del dólar) siguen encontrándose en una de las cinco posiciones más altas en captura de divisas.

Es menester que la discusión que está por comenzar se entienda dentro de este marco: no se trata de los “ilegales”; los desprotegidos; los que se acercan al Estado a pedir una disculpa y a ser sancionados socialmente. No son los que “no quisimos en México” ni son los que le quitan el empleo a los estadounidenses.

La comunidad de migrantes, no sólo mexicana sino hispana, debe de encabezar este debate legislativo como lo que es: un sector de la población cada vez más relevante social, cultural y económicamente; uno que ya no se contenta con ser vista para abajo y que por lo contrario, podría marcar la diferencia en una economía americana que está lejos de poder llamarse estable.

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¿Por qué sonríe Emilio Azcárraga?

Posted on 20/03/2013 by Daniel Berezowsky

A muchos sorprendió la alegría con que Emilio Azcárraga recibió la iniciativa de Reforma en Telecomunicaciones. El escepticismo se hizo notar inmediatamente, a un grado tal que el trending topic en Twitter el lunes 11 no fue la Reforma, ni el Pacto por México, ni Televisa, sino el nombre del empresario.

Rumores, hipótesis y comentarios empezaron a flotar en la opinión pública, para intentar explicar por qué una reforma que debía hacer temblar a los poderes fácticos, los tenía tan tranquilos.

Algunos sugirieron que en las letras chiquitas, la Reforma no toca a Televisa y por lo contrario, le abre paso para expandir su imperio sin competencia de América Móvil.

Otros se aferraron a teorías de conspiración en las que aseguraban que la “telebancada” haría las modificaciones necesarias aprovechando la cortina de humo blanco que les dio la elección del nuevo Pontífice en el Vaticano.

Unos más sugirieron que Televisa crearía empresas fantasmas, utilizaría prestanombres para competir en las nuevas licitaciones y se ampararía contra las modificaciones a la Constitución.

Lo cierto es que nadie podía creía que un Presidente, ligado estrechamente a las televisoras, estuviera dispuesto a traicionarlas en pro de la ciudadanía y del país; y nadie podía entender las razones detrás de semejante decisión.

La respuesta es más evidente y simple de lo que se ha hecho notar:

Primeramente, aclaremos: la iniciativa presenta reformas a dos áreas que están entrelazadas pero que son totalmente distintas: la de radiodifusión (léase T.V. abierta) y la de telecomunicaciones (telefonía, Internet, T.V. de paga, etc.)

En el caso de Televisa, basta con analizar su comportamiento durante la última década para darnos cuenta de las repercusiones que esto tiene:

En el año 2000, la televisión abierta representaban un 60.7% del ingreso total de la empresa. Para el 2011, ese ingreso se había reducido a cerca del 36.7%, con una tendencia además a la baja.

Por lo contrario, la televisión de paga y los servicios de telecomunicaciones que a principios de la década eran apenas un 4.2% crecieron exponencialmente y para 2011, ya eran un 40.8% de los ingresos del corporativo.

En otras palabras, Televisa (y sus filiales) vende cada vez menos Chabelo, López Dóriga, Lolita Ayala o Brozo, y cada vez más se trata de una empresa de televisión por cable, Internet y servicios de red; esto sin mencionar otras áreas de participación económica de la empresa (equipos de fútbol, espectáculos, etc.)

En segundo lugar, dentro del sector de telecomunicaciones, la televisión representa una proporción minúscula al compararla con otros servicios. La TV es solamente el 10.7% del mercado telecom, mientras que telefonía móvil, por ejemplo, representa un 57.1%

En otras palabras, aún cuando la Reforma en Telecomunicaciones golpeara a Televisa en radiodifusión, la desincorporación de activos de Telmex-Telcel, la multiprogramación, la nivelación en el terreno de telefonía y la posibilidad de participar sin restricciones en el mercado triple play, le abren un mundo de posibilidades que podrían hacer crecer sus ingresos de una forma que la TV abierta jamás le permitiría.

En tercer lugar, el principal ingreso de las televisoras es la publicidad y las agencias destinan cada vez menos recursos a TV (bajó casi 12% en 8 años), y más recursos a publicitar sus productos en el ciberespacio (donde creció 1,500% entre 2002 y 2008).

A Televisa le conviene estar en Internet.

La nueva iniciativa permitirá también, que empresas como Televisa obtengan concesiones únicas para transmitir por sus bandas servicios múltiples.

De modo que esta iniciativa, como dijo Azcárraga el día que fue presentada, representa sí muchos retos para la empresa (particularmente en regulación, en apertura de mercado en radiodifusión y en competencia), pero sobre todo abre un sinfín de posibilidades para que Televisa crezca como empresa de telecomunicaciones.

¿Es malo esto?

No necesariamente.

Caemos rápidamente en la falacia de creer que si no le pega al enemigo, la reforma está viciada; que es malo, por sí mismo, que una empresa se pueda beneficiar del nuevo modelo económico. Nos acostumbramos a suponer que los linchamientos públicos son políticas más adecuadas que las iniciativas que busquen una nueva harmonía entre actores; muchos hubiesen querido un ataque frontal, como el que ocurrió con Elba Esther Gordillo en el caso de la reforma educativa.

Lo cierto es que todo eso solamente saciaría el morbo de manera ineficiente.

Una Reforma en Telecomunicaciones que beneficie al país debe de abrir las puertas a la competencia tanto en televisión como en telecomunicaciones; debe de proveer al Estado con las facultades para regir las concesiones que otorga (que además deben ser entendidas como servicios públicos de interés general) y revocarlas si es necesario; debe de democratizar los medios y abrirlos a la participación ciudadana; debe de fomentar una cultura de televidentes informados y ávidos por conocer distintos puntos de vista; debe de promover la producción nacional independiente, eliminar los vicios y engaños (publicidad engañosa en forma de noticias, infomerciales); debe de evitar la discriminación a minorías y proteger a la niñez.

Todo esto, está incluido en la iniciativa que se discute hoy en el Congreso.

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Televisión pública y propaganda

Posted on 06/03/2013 by Daniel Berezowsky

La reforma en materia de Telecomunicaciones es el siguiente gran tema de la agenda del Pacto por México. La iniciativa, que deberá presentarse en los próximos días   reformaría los artículos 6, 28, 73, 94, 104, 110, 111 y 134 constitucionales y tiene tres grandes aristas:

Primero, busca reducir el poder que tienen el duopolio televisivo y América Móvil en los mercados de telefonía y televisión en México.

Segundo, la reforma busca eliminar a la COFETEL por considerarla un órgano viciado, con poca capacidad de acción, y sustituirla por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tendría personalidad jurídica y patrimonio propio. Sería integrado por 7 consejeros que durarían 9 años en su encargo, designados por el Senado de la República.

Por último, y quizás el tema que más me interesa personalmente, la reforma contempla la posibilidad de crear una televisión pública.

Nos da miedo escuchar el concepto de “televisión pública” porque lo confundimos con “televisión de Gobierno”. Creemos que una cadena del Estado sería sinónimo de más propaganda y contenidos de mala calidad; que se trataría de la hora nacional, puesta en imágenes en nuestro televisor las 24 horas del día.

No necesariamente.

Desde la llegada de la televisión a México, el Estado copió el modelo norteamericano y optó por una fórmula de concesiones a privados; además, poco después promovió que éstos se concentraran para reducir costos en lo que hoy conocemos como Televisa (con la alianza Azcárraga – O’Farrill – González Camarena).

Durante la década de los setentas y principios de los ochentas, existió en México un incipiente intento por crear una televisión pública con los canales 13 y 7, pero éstos tuvieron que ser rematados a causa de la crisis económica.

Hoy, según la Comisión Federal de Competencia, Televisa concentra cerca del 70% del mercado mexicano mientras que T.V. Azteca se queda con el restante 30%. Esto ha provocado que los contenidos sean mediocres y poco innovadores además de que el servicio sea de baja calidad.

Sin embargo, abrir la competencia a nuevas cadenas nacionales solamente ayudaría en parte a promover contenidos de mayor calidad.

La televisión pública, como cualquier otro bien público, se justifica en el principio de que un bien sin barreras de entrada (y por tanto escasez) y que el público no estaría dispuesto a pagar, debe de ser provisto por el Estado. Esto no significa que el bien no sea necesario, ni que los consumidores no estarían dispuestos a consumirlo.

Ejemplos claros de televisión pública exitosa existen en el mundo entero, y son particularmente notables en Europa (véase la BBC en Reino Unido; los canales de televisión pública en Francia y algunos casos en España).

Para garantizar contenidos de calidad, y especialmente para evitar que el Gobierno utilice a la televisión pública como órgano de comunicación y propaganda, será indispensable que se consideren los candados necesarios en su administración, la designación de quienes la operen, la compra y venta de publicidad y la elección de contenidos.

Si esto se logra, México podría avanzar con esta reforma no solamente en competencia y calidad de servicios, sino en desarrollo intelectual, educación y potencial frente al mundo.

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Elba Esther, el monstruo imaginario

Posted on 27/02/2013 by Daniel Berezowsky

Elba Esther Gordillo es un símbolo. Además de ser la líder del sindicato más grande de América Latina, la señora representa una sola cosa ante la opinión pública de México: corrupción.

Elba Esther es para muchos, la materialización en una persona de los problemas que impiden el desarrollo del país: una educación deficiente; impunidad; cinismo político.

Detenerla por desvío de fondos era una carta segura para el Gobierno de Enrique Peña Nieto; una que abonaría aún más a la legitimidad de la que su administración ya gozaba a partir de los recientes éxitos del Pacto por México. Se trata del “Quinazo” del Presidente.

“En este Gobierno nadie estará al margen de la ley” dijo el Procurador Murillo Karam al anunciar la detención de Gordillo Morales.

Todo México celebrará de la misma manera que se aplaudió el decreto de extinción de Luz y Fuerza que hizo Calderón el sexenio pasado. Son festejos populares que levantan monumentos a los comodines políticos de cada administración, cuando éstos se lanzan en contra de enemigos fáciles, casi caricaturizados, de la Nación.

El problema, sin embargo es la coyuntura dentro de la que se da la detención; el suceso, demuestra firmeza, sí, del Presidente de la República; ejemplifica con fuerza la disposición que tiene Peña Nieto para ir en contra de los poderes fácticos y seguramente será bien reflejado en sus índices de popularidad.

Sin embargo, hacerlo inmediatamente después de haber publicado la reforma educativa, pone en evidencia que la procuración de justicia en México sigue estando supeditada a la agenda del poder Ejecutivo; el hecho da fe de cómo las averiguaciones y detenciones se pueden hacer con discrecionalidad y como estrategia política.

Enrique Peña Nieto había avanzado por buen camino en ese sentido durante sus primeros meses; numerosas veces enfatizó la importancia de proteger los Derechos Humanos por encima de la agenda de seguridad y limitar el abuso de la figura de arraigo. Sin embargo, con la captura de Elba Esther, da la razón a quienes criticaban el regreso de un PRI centralizado y unilateral a Los Pinos.

El Presidente no tiene de qué preocuparse. La opinión pública no lo juzgará por esto; por lo contrario, le aplaudirá haber actuado contra la enemiga de la educación mexicana. El discurso bien diseñado busca además mostrar a los maestros cómo Elba Esther los traicionó abusando de los recursos que les pertenecían y evitar que éstos la respalden.

Pero detener a Elba Esther Gordillo no beneficia en nada al deficiente sistema educativo de nuestro país; no mejora los planteles educativos; no cambia la actitud de los maestros que faltan a clases; no involucra más a los padres de familia; no sube las calificaciones en la prueba PISA o ENLACE. Todo esto debería ocurrir, no por la detención de una persona, sino por la ejecución de una reforma que acaba de ser aprobada. La firmeza del Ejecutivo no debería mostrarse en la discrecionalidad con la que se detiene a una figura pública odiada, sino en la capacidad de evaluar a los profesores y tomar decisiones para removerlos cuando sea necesario. El éxito de la reforma no está en deshacerse de Elba Esther sino en que el Legislativo adecue correctamente la Ley General de Educación; en la profesionalidad e imparcialidad con que se designe a los miembros del nuevo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; en la rectoría que se le de al Servicio Profesional Docente. En el involucramiento que tenga la sociedad civil también.

Detener a Elba Esther Gordillo de esta forma daña a la madurez con que la opinión pública de nuestro país entiende al ejercicio del poder y a la procuración de justicia; deja en aspiración platónica la esperanza de que algún día la PGR goce de autonomía. En este México, seguimos aplaudiendo que el Presidente tenga los pantalones para atacar al monstruo debajo de la cama, en lugar de tener la astucia para no generar muchos otros nuevos.

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Retos y consecuencias de la evolución discursiva de México en el nuevo sexenio.

Posted on 07/02/2013 by Daniel Berezowsky

Introducción

México atraviesa por una interesante evolución retórica, emanada de las distintas coyunturas que se han gestado durante los últimos seis a ocho años, y que han empezado a consolidarse en los terrenos político, social e internacional particularmente a partir de éste, el 2012.

La decisión de la administración de Felipe Calderón Hinojosa de combatir abiertamente al narcotráfico tuvo consecuencias considerables, no solamente en el incremento de la violencia y la aparición latente de fisuras en el pacto social, sino particularmente en la percepción que tanto los mexicanos, como la comunidad internacional, tenemos actualmente de nuestro país. Más allá de juzgar los éxitos o fracasos de esta política, se advierten en el presente escrito las consecuencias discursivas que tuvo la decisión del Ejecutivo de abrir una lucha en contra del crimen organizado en México como contenedor de significado.

Específicamente en derechos políticos de segunda generación, el sistema mexicano no sólo disminuyó su inercia positiva rumbo a la consolidación democrática sino que sufrió importantes retrocesos. Después de una década de haber catalogado a México como país libre en su reporte anual “Libertad en el Mundo”, la casa evaluadora Freedom House redujo la calidad de nuestro país a “parcialmente libre” a partir de 2011, haciendo hincapié en el riesgo que corre actualmente la libertad de prensa en el país, el aumento de la violencia armada y la impunidad por el desgaste del Estado de Derecho.[1] En América Latina, se trata de la misma calificación que recibieron países como Venezuela, Ecuador y Bolivia. Transparencia Internacional redujo la calificación en percepción de corrupción de nuestro país a 34 (con una posición de 105). La confianza de los mexicanos en las instituciones disminuyó (o permaneció a la baja) en prácticamente todos los casos, destacando la reducción en 17 puntos porcentuales en el caso del Ejército Mexicano. Por último, se observó un importante incremento en violación a Derechos Humanos y quejas presentadas ante la CNDH en coincidencia con la declaratoria de lucha en contra del crimen organizado. En cinco años el número de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte del personal del Ejército y la Marina aumentaron 931.3% y 1,962.5%, respectivamente.[2]

En este contexto, el 1 de julio, el candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, resultó vencedor en las elecciones presidenciales con 38.21% de la votación total efectiva; al rendir protesta ante el Congreso de la Unión, cinco meses más tarde, consolida el regreso del Partido Revolucionario Institucional a Los Pinos.

Como consecuencia de ello, se gesta un importante debate en las esferas de análisis sobre el sentido que puede dar este suceso a la evolución social y política de nuestro país. Particularmente se generan importantes expectativas respecto a tres temas coyunturales en la agenda nacional:

Por un lado, el cambio o no en la estrategia del Gobierno Federal en la lucha contra el crimen organizado; la prioridad que ésta tendrá en la agenda del nuevo Gobierno y sus consecuencias en los niveles de violencia que el país ha vivido desde el 2006.

En un segundo plano, se abre una discusión sobre las consecuencias políticas que podría tener el regreso del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia. El hecho permitirá juzgar, necesariamente, la solidez de la democracia mexicana, la consolidación de una sociedad civil como participante activo de la toma de decisiones, y la madurez que hayan adquirido o no, tanto la clase política como las instituciones, en las últimas dos décadas.

En tercer lugar, se abre una discusión de carácter institucional. Desde el periodo de transición, y en las menos de tres semanas que Enrique Peña Nieto a estado oficialmente a cargo del Ejecutivo, se han hecho notar importantes cambios en las relaciones, tanto de los Poderes de la Unión, como del Gobierno con los partidos de oposición. Si bien la opinión pública ha recibido favorablemente la fluidez legislativa y la inmediatez en la implementación de políticas públicas, queda pendiente el análisis de los factores que han hecho esto posible. Entre ellos, no está de menos mencionar la evolución reciente de la estructura de la izquierda, la nueva configuración del neocorporativismo en el quehacer político, la participación activa de medios de comunicación y diversos actores de la sociedad civil en el impulso de la agenda política, la experiencia y capacidad de operación política del Revolucionario Institucional, tanto en Los Pinos como en ambas Cámaras y el entorno internacional en el que México se sitúa como posible potencia emergente.

Más que pretender hacer un análisis de los impactos que estos tres temas podrían tener en el desarrollo social, económico y político de México durante los próximos seis años, el presente artículo parte de estas bases para analizar la manera en que nuestro país transita discursivamente entre su todavía vigente retórica de lucha por recuperar el orden social y una posible nueva faceta semántica tanto al interior de nuestro país, como en el orden global.

El Fin de la Guerra

El eje temático de la administración que concluyó el 30 de noviembre fue la lucha contra el crimen organizado; a partir del 11 de diciembre de 2006, cuando el entonces Presidente Calderón, anunció la Operación Conjunta Michoacán, la “guerra” contra el narcotráfico ocupó un lugar prioritario en la agenda pública nacional. Más que la reducción o aumento en los niveles de consumo, el número de presuntos culpables detenidos, asesinatos, toneladas de droga incautada y quejas por violaciones a Derechos Humanos, se convirtieron en titulares comunes tanto en los medios de comunicación, como en la comunicación social de la misma Presidencia. Es comprobable que el Gobierno Federal recurrió al uso activo de este tema como herramienta de legitimación política por lo menos durante la primera mitad del sexenio.[3] Esto tuvo consecuencias que más allá del desempeño del sector turístico y la inversión extranjera directa, se vieron reflejadas en la desfavorable evolución del nombre de México a nivel internacional.

Se observa a partir del 1 de diciembre, una notable reducción, si no necesariamente en el número de acciones y operativos llevados a cabo por el Gobierno Federal, sí en el uso del tema en el discurso oficial. La administración del Presidente Peña Nieto toma importantes decisiones desde el periodo de transición para desvincular a la lucha contra el narcotráfico como corolario nacional. Entre ellas, destacan:

  1. La iniciativa que presenta el diputado José Sergio Manzur Quiroga, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a través de la cual la Secretaría de Seguridad Pública es absorbida por la Secretaría de Gobernación.
  2. La decisión del Ejecutivo de desistirse de la controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas, y como consecuencia, su publicación en el Diario Oficial.
  3. La nueva estrategia presentada ante el Consejo de Seguridad Pública el pasado 17 de diciembre, en la que destacan la planeación estratégica, una nueva configuración regional y la prevención del delito.
  4. El anuncio que como nuevo Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam hace de revisar la figura del arraigo y su implementación, algo particularmente desvinculante de la visión que la administración anterior tenía respecto a las funciones de la PGR.

Si bien no es posible advertir una mayor o menor injerencia del Gobierno Federal en la lucha contra el narcotráfico, o evaluar el éxito o fracaso de la implementación de las nuevas estructuras administrativas, se denota de las anteriores una democión del tema en cuestión discursiva.

Reestructuración del mapa político

A partir de los resultados electorales del 1 de julio, se da una importante reestructuración del mapa político mexicano. La derrota de la coalición de partidos de izquierda, concluyó una escisión de la que surge el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Simultáneamente, se observa un cambio discursivo del Partido de la Revolución Democrática cuyos integrantes, en su mayoría, deciden dar un cauce más institucional a su quehacer político y un viraje hacia una retórica progresista y socialdemócrata.

Por su parte, el Partido Acción Nacional tiene una importante reducción en sus cuadros políticos cuando ocurre el proceso para refrendar su militancia partidista, así como en el respaldo que la ciudadanía había dado a su plataforma política. Será importante observar la manera en que ocurrirá la renovación de su dirigencia durante el primer trimestre del 2013.

Es igualmente importante destacar que además de haber obtenido el triunfo en las elecciones presidenciales, los partidos PRI y PVEM mantienen actualmente la titularidad de 21 de los gobiernos estatales. Además, el Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista cuentan con 48% de las curules en la Cámara de Diputados, con 241 legisladores; en la cámara alta, 54 senadores son del PRI y 7 pertenecen al PVEM.

Todo lo anterior, ha provocado un ambiente propicio para la consolidación de acuerdos afines a la agenda política de la Presidencia. En las últimas semanas, destaca la firma del Pacto por México, la aprobación de la reforma laboral; la reforma educativa (hasta el momento en la Cámara Baja); la Ley de Ingresos, la reforma en materia de Transparencia (en la Cánmara Alta) y los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Es importante destacar que el Gobierno Federal ha hecho público su interés por presentar iniciativas en materia energética y hacendaria el próximo año, que podrían ser aprobadas de continuar el clima político actual en las cámaras; es relevante hacer notar que este comportamiento legislativo es atípico en la configuración plural que existe en el Congreso desde 1997.

Eficiencia Administrativa en Federalismo

De manera simultánea a la reestructuración del mapa político, sobresalen los cambios que se han dado también a nivel administrativo dentro del Gobierno Federal, y los que podrían ocurrir de ser aprobadas las reformas que aún quedan pendientes en materia de transparencia y rendición de cuentas. En su mayoría, dichos cambios tienen una importante tendencia a unificar la toma de decisiones, homologar sistemas y códigos y promover la eficiencia por encima de la pluralidad.

Entre los más destacados están la reestructuración de la Administración Pública Federal para ampliar las facultades de la Secretaría de Gobernación; la creación de la Gendarmería Nacional; el planteamiento de la unificación de Códigos Penales y de Procedimientos en el país y la homologación de órganos y normas para el acceso a la información. Asimismo, las iniciativas presentadas en materia de transparencia y de educación pretendieron facultar al Presidente de la República para la asignación (directa o indirecta) de cargos clave en la Comisión Anticorrupción y en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Si bien ninguna de estas acciones atenta, por sí misma, contra la democracia, es natural que sean vistas tanto por miembros de la oposición, como por un sector de la academia, con cautela y sospecha. Queda como reto de la presente administración disolver las connotaciones de centralización que se le dan a sus acciones a causa de la semántica que envuelve históricamente al Partido Revolucionario Institucional. Para ello, el Gobierno del Presidente Peña Nieto ha enfatizado en diversas ocasiones la importancia del federalismo en la aprobación de las reformas Constitucionales, la regionalización de las estrategias de seguridad y la no injerencia del Gobierno Federal con operativos a menos que los Gobiernos locales lo soliciten; al mismo tiempo, esta nueva estructura administrativa podría significar un importante avance en la capacidad de gestión gubernamental para atender necesidades estructurales, reducir costos y lograr objetivos en materia económica y de desarrollo social.

Oportunidades de viraje en el significado de México

México tiene una oportunidad coyuntural para transformarse como contenedor de significados. En el presente artículo no se ha pretendido juzgar las decisiones de la administración actual, ni de la anterior; el objetivo del presente trabajo no es, mucho menos, emitir una evaluación de las políticas públicas implementadas en materia de seguridad, de desarrollo social o económicas; tampoco se ha buscado hacer un juicio de la circunstancia política que atraviesa el país y de las ventajas o desventajas que podría tener el hecho de que un Presidente emanado del Partido Revolucionario Institucional ocupe actualmente la Presidencia de la República.

Lo planteado a través de estas páginas da las bases necesarias para esbozar la forma en que la actual transición política y social que vive nuestro país ha generado un clima propicio para que nuestro país sufra un viraje en el sentido retórico que hoy contiene.

Si bien la agenda de comunicación social del Gobierno Federal no puede dictar la manera en que se dará este proceso, y será en muchas ocasiones observadora, más que participante activo, de la toma de decisiones en políticas públicas e implementación de programas, su papel en la reasignación de valor de sentido y encuadre del quehacer público, será fundamental para el desarrollo de una modificación positiva en la imagen pública nacional.

Como se ha explicado a lo largo del presente artículo, las condiciones políticas y administrativas existen para que se impulse esta modificación. Dependerá de la atinada implementación de políticas y programas por parte de la Administración Federal, así como de la capacidad política de sus actores e instituciones, que el Gobierno Federal siga contando con el clima propicio que actualmente tiene, para poder ser el actor principal en el establecimiento de la agenda pública; sin embargo, de lograrlo, México podría transitar discursivamente de su actual imagen, como un país en lucha, en el que la corrupción, la impunidad, la falta de acuerdos políticos y un débil Estado de Derecho limitan el desarrollo económico y social. El nuevo significado que adquiera, tanto en el contexto nacional como frente al mundo, será el resultado de la coexistencia de fuerzas políticas, agendas de actores públicos y privados, y factores exógenos al sistema político mexicano; sin embargo, el contexto presenta importantes oportunidades para que éste sea favorable, y pueda ser impulsado por la agenda temática que ha sido delineada en el Pacto por México.

Los cambios empiezan a hacerse notar. Mientras que anteriormente los titulares de la prensa extranjera hacían mención recurrente de la violencia, inseguridad y corrupción en  nuestro país, hoy el mundo ha comenzado a ver a México con otros ojos. En un artículo publicado el 24 de noviembre de este año, The Economist afirmó que éste podría ser el momento clave para el nuevo amanecer de México como una de las economías más importantes del mundo.[4] La transformación discursiva ha comenzado.

México, D.F. a 21 de diciembre de 2012


[1] http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world

[2] Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México. Consulta Mitofsky, Marzo de 2012.

[3] El autor publicó un artículo de investigación en junio de 2010 titulado “La guerra de Felipe Calderón y su aprobación: el uso del discurso del narcotráfico en la imagen presidencial” en el que se analiza con mayor profundidad este tema.

[4] WAINWRIGHT, Tom. From Darkness, dawn. The Economist. 24 de noviembre de 2012.

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Soñar a PEMEX

Posted on 31/01/2013 by Daniel Berezowsky

Parece ser que fue ayer cuando la televisión y la radio de nuestro país estaban infestados por spots de la administración de Felipe Calderón, hablando del “tesoro” que todos los mexicanos teníamos en el fondo del mar y que teníamos la obligación, casi moral, de extraer de aguas profundas.

En ese entonces, la secretaria de energía Georgina Kessel y el director de Pemex Jesús Reyes Heroles se enfrentaron a una fuerte oposición en el Congreso, que redujo la iniciativa a apenas diminutas modificaciones en la ley. Las nuevas capacidades de PEMEX en adquisiciones, arrendamientos, obra pública y servicios resultaron ser por mucho insuficientes para la paraestatal.

Era el 2008, y el PRI defendía cabalmente a PEMEX como propiedad de la Nación.

Este viernes, Enrique Peña Nieto presentará su iniciativa de reforma energética ante el Congreso de la Unión en un ambiente menos propicio de lo que el Ejecutivo hubiera deseado.

Pese al impulso inicial que tuvo el Pacto por México, las recientes resoluciones de la SCJN y el IFE en los casos Cassez y Monex respectivamente, han dado al PRD y a Acción Nacional las coartadas suficientes para aumentar exponencialmente el costo político de mantenerse en él.

El Presidente sabe que el clima no es propicio para aprobar fácilmente una reforma que requiere mayoría calificada en ambas cámaras; o al menos no lo es todavía. No sorprende que haya decidido ceder su capacidad de presentar la iniciativa con carácter de preferente, y evitar que el Congreso la deseche rápidamente. El Gobierno necesita tiempo para cabildear la propuesta que podría significar un importante impulso económico para el país en los próximos cinco años.

Pero además de convencer a los Grupos Parlamentarios en ambas cámaras, el Gobierno deberá de realizar un importante ejercicio para ganar la batalla en el terreno de la opinión pública.

El enemigo más importante del Presidente en esta batalla es el legado que su propio partido le dejó: los restos de un nacionalismo revolucionario moribundo que siguen manteniendo arraigada en nuestra idiosincracia el creer que el petróleo es de los mexicanos y que avanzar hacia la colaboración con la iniciativa privada (“privatización”) es sinónimo de traición y corrupción.

Esta visión miope se encierra en argumentos apasionados y sin fundamento mayor que los fantasmas de los fracasos que los Gobiernos tecnócratas tuvieron en los ochentas y noventas del siglo pasado. No obstante, pueden ser más poderosos que cualquier estudio o análisis financiero.

De poco servirá dar cuentas y cifras de porqué convendría a nuestro país permitir a Petróleos Mexicanos realizar alianzas estratégicas y ceder la exclusividad de ciertos derechos que hoy la limitan.

Por lo contrario, el Gobierno hará publicidad de los innumerables beneficios que PEMEX podría dar a la economía mexicana de ser aprobada la reforma energética; en las próximas semanas, no será extraño escuchar a funcionarios públicos hablar del nuevo boom de la economía mexicana; de Petróleos Mexicanos como el nuevo Petrobras y de México como el nuevo Brasil. Escucharemos una y otra vez cómo tenemos la oportunidad de ascender en la escala global; de atraer inversiones nunca antes soñadas.

Lo cierto es que ni el discurso nacionalista ni el de mover a México hacia el siglo XXI se pueden calificar como objetivos; la batalla de la persuasión masiva se da en el campo de la pasión y nunca en el de la razón.

Sin embargo, no debemos negar que si el Gobierno de Enrique Peña Nieto logra convencer tanto a la oposición institucional como a la opinión pública de aceptar y aprobar una reforma energética suficiente, podría dar un importante impulso a la economía del país durante este sexenio, a las finanzas públicas de su administración, a la confiabilidad de sus compromisos en la escala internacional, y sobre todo, a su agenda política rumbo a una reforma fiscal integral.

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